El Gobierno de México aclara el bloqueo de cuentas a Carlos Torres: “No implica vínculo directo con la delincuencia”
CIUDAD DE MÉXICO / TIJUANA.— Tras las recientes sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra Carlos Alberto Torres Torres —exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda— y otras 20 personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitieron una aclaración sobre el alcance de las medidas administrativas aplicadas en México.
1. El detonante: La acción de la OFAC en EE. UU.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a 21 personas y 25 empresas en su Lista de Personas Bloqueadas. La OFAC señala a los investigados por presuntos vínculos operativos y financieros con facciones del Cártel de Sinaloa en el norte de México.
Señalamientos directos: La autoridad estadounidense sostiene que Torres habría utilizado su influencia política en Baja California para presuntamente facilitar y proteger operaciones delictivas y canalizar fondos ilícitos.
Antecedentes: A Carlos Torres y a la gobernadora ya se les había revocado la visa estadounidense en mayo de 2025 bajo argumentos similares de seguridad nacional.
2. La postura oficial del Gobierno de México
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó la naturaleza de la intervención de la UIF dentro del sistema financiero mexicano:
29 de septiembre – Inclusión preventiva en la lista de la UIF: La UIF bloqueó de manera preventiva las cuentas bancarias en México de las 46 personas físicas y morales señaladas por la OFAC, tras detectar inconsistencias financieras reportadas por las instituciones de crédito.
30 de septiembre – Aclaración del Ejecutivo Federal: La presidenta precisó que el congelamiento de cuentas es un procedimiento administrativo automático ante alertas de riesgo, lo que no equivale por sí solo a la existencia de pruebas penales de complicidad con la delincuencia organizada.
”La UIF encuentra irregularidades financieras en las cuentas de muchas de estas personas, pero eso no significa que automáticamente exista un vínculo probado con un grupo delictivo ni que en todos los casos proceda una denuncia penal ante la FGR.”
— Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.
3. Posición de la defensa y derechos legales
Postura de Carlos Torres: Rechazó categóricamente los señalamientos de la OFAC, afirmando no tener ningún nexo con actividades ilícitas dentro o fuera del país.
Garantía de Audiencia: La ley mexicana establece que los afectados por congelamiento de cuentas por parte de la UIF pueden hacer valer su derecho de audiencia para presentar pruebas ante la Secretaría de Hacienda.
Recursos Legales: La defensa anunció que recurrirá a las vías legales y judiciales (juicios de amparo en México y procesos administrativos en EE. UU.) para impugnar el congelamiento de activos.
