POR: REDACCIÓN TIJUANA GLOBAL RADIO | 28 DE MAYO DE 2026
La organización ambientalista Greenpeace México formalizó una ofensiva legal sin precedentes en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las autoridades ambientales del país. Esto tras interponer una denuncia de responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de la petrolera y una denuncia popular ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Las acciones legales buscan castigar penal y administrativamente los actos, omisiones y el presunto ocultamiento deliberado de información en torno a un masivo derrame de crudo que inició a principios de febrero de este 2026 en el Golfo de México, cuyas secuelas tóxicas continúan impactando la salud y economía de las comunidades costeras.
La ruta del desastre: Más de mil kilómetros de chapopote
Monitoreos satelitales y activistas locales confirmaron que el hidrocarburo ha contaminado más de 1,100 kilómetros de playas y litorales, extendiéndose desde Tabasco hasta Tamaulipas.
- 1 de marzo: Se detectan los primeros arribos de crudo pesado en la línea costera entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.
- Semanas posteriores: La mancha avanza sin control hacia el resto del estado de Veracruz y costas de Tamaulipas.
- Ecosistemas heridos: Se reportan daños severos en zonas críticas de manglares y el ecosistema del Corredor Arrecifal del Golfo de México.
Pemex admite negligencia: Tardaron 8 días en cerrar la válvula
La denuncia de Greenpeace se sustenta fuertemente en las propias declaraciones de la paraestatal. El pasado 16 de abril, en conferencia de prensa, Pemex admitió públicamente que servidores públicos de la empresa ocultaron deliberadamente los reportes del siniestro mientras las poblaciones costeras ya lidiaban con la contaminación.
Entre los alarmantes hechos reconocidos por la propia petrolera se encuentran:
- La pérdida de integridad mecánica y reparación de un oleoducto que nunca fue reportado a las autoridades ambientales.
- El ocultamiento de los volúmenes reales de agua oleosa recuperada en altamar.
- Una demora de ocho días enteros para cerrar por completo la válvula principal tras haberse detectado la fuga masiva a inicios de febrero.
Debido a esto, el escrito legal exige investigar las responsabilidades directas del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de toda la cadena de mando que participó en el bloqueo de información institucional.
Acusan “limpieza selectiva” y discriminación indígena
Greenpeace México también puso el dedo en la llaga respecto a la justicia social y ambiental en la región. A través de testimonios recabados en los litorales, la ONG denunció una preocupante disparidad en las labores de mitigación.
“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”, sentenció la organización.
Según las quejas, las cuadrillas de limpieza de Pemex concentraron sus esfuerzos de manera casi exclusiva en zonas turísticas y de fácil acceso, dejando en el abandono y con respuestas tardías a comunidades rurales e indígenas, a quienes ni siquiera se les entregó equipo de protección personal adecuado para retirar los residuos de chapopote, ni se les emitió una alerta oportuna sobre los riesgos a la salud por la exposición a los gases del hidrocarburo.
Las demandas exigen que dependencias como la Semarnat, Profepa, ASEA y Pemex abran por completo sus archivos públicos, ejecuten un plan de restauración integral del ecosistema marino y establezcan protocolos estrictos de alerta temprana para evitar que el Golfo de México vuelva a sufrir un ecocidio en silencio.
En GLOBAL RADIO, seguiremos de cerca el avance de estas denuncias frente a las autoridades correspondientes.
