El proceso de vinculación obligatoria de líneas móviles en México avanza bajo presión oficial, pero encuentra un firme rechazo por parte de la población. La medida exige a los usuarios asociar su número telefónico a su CURP e identificación oficial (INE o pasaporte) bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y frenar el uso ilícito de telefonía.
Desde el ámbito gubernamental, las autoridades y operadoras han establecido plazos estrictos y apercibimientos: los números que no completen el registro verán suspendido de forma progresiva el servicio de llamadas y datos móviles, quedando habilitados únicamente para emergencias (911) y atención a clientes.
Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido de clara apatía y rechazo: la mayoría simplemente no quiere realizar el trámite. Entre una profunda desconfianza sobre el uso y resguardo de sus datos personales, el escepticismo ante la efectividad de la medida y la molestia por la imposición, miles de usuarios han optado por ignorar el llamado o buscar alternativas, mientras organizaciones civiles impulsan amparos contra la norma.
